1. Las medidas cautelares frente al Estado ocupan un lugar de privilegio en el desarrollo del contencioso-administrativo. En la mayoría de los casos, el escrito de la demanda contiene una pretensión cautelar porque, a menudo, las consecuencias de la ejecución de un acto administrativo tiene consecuencias de difícil o imposible reparación ulterior. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito provincial -en el que una larga tradición legislativa regló la materia, estableciendo los requisitos y el trámite-, en la esfera federal fue recién en 2013 que se sancionó una norma específica -la ley 26.854– cuyo art. 1 dispone que «las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por éstos» se regirán por aquélla.
En efecto, el régimen de las medidas cautelares frente al Estado ha sido objeto de una regulación especial. El Congreso de la Nación sancionó una ley que ordena todos los aspectos: nacimiento, vigencia, modalidades y extinción. Hasta entonces, los tribunales aplicaban —con adaptaciones— las normas establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La cuestión tiene raíces más lejanas pues, en realidad, los procesos contra el Estado no cuentan con una regulación integral. En el ámbito federal, a diferencia de lo que acontece en el derecho público local, no existe un código procesal administrativo o contencioso administrativo. De aquí se deriva, un régimen fraccionado: una parte del proceso está gobernada por la ley 19.549 y otra, por el citado Código Procesal.
2. La ley, en un recorrido de poco más de una década, ha dado lugar a controversias que tuvieron como protagonistas tanto a los tribunales como a los autores. La editorial Ad-Hoc, recientemente ha publicado una obra que compendia dichos debates y examina críticamente la jurisprudencia vigente. Se trata de Medidas cautelares frente al Estado. Continuidades y rupturas escrito por Carlos A. Vallefín con la colaboración de José I. López, ambos docentes de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. La obra, en su segunda edición ampliada y actualizada, se suma al catálogo bibliográfico de la disciplina.